Protestas se multiplican frente al Palacio Nacional

SANTO DOMINGO. —Un día de protestas se vi­vió ayer fuera del Palacio Nacional donde cinco gru­pos diferentes se manifestaron por prestaciones laborales, la despenaliza­ción del aborto en las tres causales, denuncia de in­vasión en terrenos priva­dos y otros exigiendo que no se les desaloje.

En medio de la crisis sa­nitaria que vive el país, la población salió a las ca­lles a exigirle al presiden­te Luis Abinader que el Gobierno resuelva la situa­ción que están pasando.

Exempleados de la Direc­ción Nacional de Bienes Nacionales y del Ministe­rio de Industria y Comer­cio coincidieron para pro­testar por el pago de sus prestaciones laborales, re­clamo que ya se extiende por ocho meses.

Aseguran que ellos no eran “botellas” y que cuen­tan con la documentación que avala el tiempo que la­boraron en la institución.

En el caso de los desvin­culados de Industria y Co­mercio aseguran que se les ha impedido reclamar fren­te a la institución y que se niegan a entregarles el cer­tificado por el tiempo traba­jado; y que les entregan un papel donde no se hace constar el salario que reci­bían para poder calcular las prestaciones.

“No tenemos que des­nudarnos, porque tenemos el alma desnuda”, dijo una exempleada. Además, ex­presan que el plomo del gas les ha afectado la salud y que hay personas con cán­cer que reclaman su pago.

Explicaron que en Indus­tria y Comercio alegan que los trámites están en el Ministerio de Administración Pública (MAP) y allí les di­cen que los expedientes es­tán incompletos.

Precisan que trabajaban fiscalizando el Gas Licuado de Petróleo que se despa­cha en las plantas envasa­doras con las tarjetas subsi­diadas por el Gobierno.

Fueron desvinculados en octubre después de tra­bajar por 16 años, por lo que claman ser escucha­dos por el presidente Luis Abinader.

Mientras que los exem­pleados de Bienes Nacio­nales apelan a la sensibili­dad del presidente, ya que dicen tener deudas pen­dientes y niños pequeños.

Otra protesta fue la de personas que aseguran ser propietarias de terrenos invadidos, y dicen tener so­lares en Santo Domingo Oeste y el municipio de Ma­noguayabo, en la provin­cia Santo Dominto, y que una “banda criminal” los despojó para vender sus terrenos.

Aseguran que tienen los tí­tulos de propiedad de los terrenos, pero que desde hace más de cuatro años no han podido recuperarlos porque personas armadas vigilan la zona.

Tambien organizaciones campesinas y sindicales de la región sur del país denunciaron que representan­tes del Consorcio Azucarero e Instituto Agrario Domi­nicano (IAD) se han con­fabulado para perjudicar a pequeños productores agrícolas de la zona cañera y la región Enriquillo. Explican que han destruido sus culti­vos establecidos en asentamientos desde la época de la tiranía de Rafael Trujillo.

Todas estas manifestaciones de ayer se sumaron al sexto día consecutivo que llevan diversas organizaciones acampando frente a la Casa de Gobierno, quienes exigen al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que garantice el aborto bajo tres causales.

En ocasiones el entorno del Palacio Nacional ha sido escenario de protestas de trabajadores, profesionales, estudiantes, amas de casas, asociaciones campesinas y de grupos sociales, muchas degenerando en violentos enfrentamientos con agentes policiales.

A %d blogueros les gusta esto: