Ortiz Bosch dice crearán mecanismo para inhabilitar a exfuncionarios que no hagan declaración jurada

SANTO DOMINGO. —La directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que los funcionarios que no hagan su declaración jurada de bienes serán inhabilitados por cinco años para cumplir una función pública.

Dijo que trabajan para implementar un mecanismo para inhabilitar a los que dejan de cumplir con esa función.

“Un funcionario público no se puede burlar de la ley. No podemos legislar para el pasado, pero buscamos los instrumentos para que mañana estemos comunicando con un decreto que todo el que no entregó en este período que ha pasado su declaración jurada quede inhabilitado para la función pública durante cinco años”, indicó la funcionaria.

Consideró injusto que los 3,400 funcionarios que se van lo hagan sin haber presentado la declaración jurada de bienes.

Entiende que el compromiso ético de los altos funcionarios del gobierno será un seguimiento a la lucha contra la corrupción.

Explicó que la carta de compromiso que se firmó el pasado 16 de agosto en el Palacio Nacional es un compromiso profundo que abarca aspectos novedosos entre los que citó que «si un programa de gestión no se ha podido cumplir por las razones que sean, ya sea por una pandemia o una catástrofe, el gobierno tiene la obligación de explicarle al país por qué no se cumplió».

“No es posible seguir con gobiernos que todo lo hacen ellos solos en una cúspide, y el pueblo no se entera de las circunstancias que han obligado a posibles cambios. Muchas veces se implementa un presupuesto y en el camino se determina que hay una manera más eficaz de aplicarlo, y eso hay que explicárselo a los ciudadanos”, insistió Ortiz Bosch.

Consideró que un funcionario del Gobierno actúa de manera indelicada no sólo cuando roba, sino que su deber también es ahorrarle dinero al Estado, y puso como ejemplo el caso de los terrenos donde se levantó la termoeléctrica Punta Catalina, donde luego se determinó que no eran del Estado y hubo que comprarlo a sobreprecio.

“El que hizo eso, o los que hicieron eso, hicieron una mal uso de su condición de funcionario público, ya que no protegieron al pueblo dominicano de una creación de costos y riqueza de una plusvalía para tener que pagarla con el costo del pueblo dominicano”, enfatizó la funcionaria.

Dijo que una acción inoportuna le cuesta dinero al pueblo, y es una acción poco ética, al considerar que la ética hace «virtuoso» al funcionario.

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