A pesar de tener arraigo, Espaillat corre riesgo de ir a prisión por «intimidar y manipular» testigos.
Los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados por la comisión del homicidio involuntario de 236 personas, fallecidas en el derrumbe de la discoteca Jet Set, podrían ingresar a prisión en las próximas horas si en la solicitud de medidas de coerción el Ministerio Público le atribuye la intimidación de testigos.
De acuerdo con el artículo 234 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva es aplicable, entre otros supuestos, «cuando la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus familiares, o los testigos del proceso».
En la nota de prensa emitida el pasado jueves por el Ministerio Público, informando del arresto del propietario de la discoteca Jet Set y su hermana, se afirma que los imputados intentaron intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L,S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.
Antonio Espaillat es presidente del RCC Media, un importante grupo que maneja más de una veintena de emisoras de radio, así como algunas frecuencias de televisión. En sus emisoras se producen algunos de lso programas de comentarios más influyentes del país.
A principios de esta semana, el ex encargado de reservaciones de la discoteca Jet Set, Gregory Adames, dijo que temía por su vida y la de su familia. Adames reveló le había advertido a Espaillat y a su hermana que el techo del centro de diversiones podía desplomarse como finalmente ocurrió.
En oficio de solicitud de la orden de arresto contra los hermanos Espaillat, el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que ambos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera ntervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Noticias RNN que si bien Espaillat podría tener un gran patrimonio personal, y no tener intenciones de evadir el proceso judicial en su contra, el hecho de que intentará intimidar o manipular a varios ex empleados, potenciales testigos en su caso, es una circunstancia a ser tomada muy en cuenta por el juez de la Instrucción que decidirá qué medida de coerción le impone al empresario.
Otras fuentes opinan que es probable que a ambos se les impongan presentaciones periódicas, una garantía económica e impedimento de salida, antes lo que pudiera considerarse como un reducido peligro de fuga.
