Bukele y Trump actúan fuera de la ley con el envío a El Salvador de migrantes, dicen los expertos

San Salvador, EFE.- Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Estados Unidos, Donald Trump, han actuado fuera de los marcos legales internacionales y de sus países con el encarcelamiento de migrantes, supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua, en el país centroamericano, donde están en un «hoyo negro jurídico», según analistas consultados este lunes por EFE.
El domingo llegó a El Salvador un primer grupo de más de 200 supuestos miembros de la banda con origen venezolano, quienes fueron encarcelados sin juicio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel para pandilleros.
«Los mandatarios de los dos países están actuando fuera de los marcos nacionales e internacionales» y «hemos llegado a un punto de inflexión para el sistema internacional de derechos humanos», dijo a EFE Noah Bullock, director de la organización Cristosal.
Trump y Bukele «acaparando poderes que no les corresponden»
«Dos jefes de Estado han acordado deportar y desaparecer a cientos de personas en los centros penales de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son ni bajo qué jurisdicción judicial se garantizarán sus derechos. Se les ha enviado a un hoyo negro judicial», añadió Bullock.
El director de Cristosal destacó que le correspondería a los Congresos de ambos países «ratificar algún tipo de acuerdo de esa naturaleza», y subrayó que este encarcelamiento «desafía una orden judicial de una corte en Estados Unidos».
«Dos Ejecutivos están acaparando poderes que no les corresponden para anular derechos de una población. Eso debería ser un tema de suma preocupación para cualquier país democrático», sostuvo.
El Salvador, ¿en riesgo?

El abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió en una entrevista de televisión que El Salvador corre el riesgo de «generar responsabilidades internacionales».
«Desconocemos cuál es la base legal para enviar a los migrantes y en El Salvador definitivamente no hay base para esto», sostuvo, agregando que este proceso no encaja en una extradición ni deportación.
Ingrid Escobar, abogada y directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), expresó su preocupación por la falta de una orden judicial y la debilidad institucional en El Salvador.
«En el sistema carcelario hay torturas, tratos crueles e inhumanos, muertes extrajudiciales. No hay respeto», indicó.
Para Escobar, esta acción representa una «violación de la soberanía» del país, ya que no se ha aprobado mediante la Asamblea Legislativa.
Bukele sería «complaciente» con Trump
Escobar sostuvo que el presidente Nayib Bukele «estaría amarrado a ser complaciente» con el Gobierno de Estados Unidos debido a los señalamientos sobre un pacto con pandillas, lo que ha llevado a sanciones contra algunos de sus funcionarios.
Con el envío de miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), incluidos dos cabecillas, «se busca evitar que se conozca la tregua entre Bukele y las pandillas».
En cuanto al beneficio económico de este acuerdo, Escobar afirmó que «Bukele tiene las finanzas del país quebradas» y que el Gobierno busca recursos urgentes para cubrir sus «enormes necesidades».
¿Hay un verdadero beneficio económico?
Según Bullock, el Gobierno salvadoreño está bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar medidas de austeridad, lo que ha llevado a despidos de maestros y personal médico, así como al uso de fondos de pensiones para financiar el Gobierno.
«El beneficio no es para la población, sino para un Gobierno que no ha sabido administrar bien los recursos. Apostar por una industria carcelaria como modelo de desarrollo económico no favorece a los sectores más necesitados», concluyó.
Según documentos filtrados de la Cancillería salvadoreña, Estados Unidos pagaría seis millones de dólares a El Salvador en el primer año.
En una publicación en X, Bukele aseguró que «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros», lo que «contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario», que actualmente cuesta 200 millones de dólares al año.